Se cuenta el pecado pero no el
pecador. Pues lo mismo pero al revés: contamos el milagro, pero no el héroe. Este relato, basado en hecos reales, es un
trayecto de indagación y sinrazón por los entresijos de la Administración es lo
que nos trae la historia de uno de los trabajos más duros de Xedega, en el que
no nos dejamos intimidar por los mitos más oscuros sobre la burocracia, le
concedimos el beneficio de la duda y nos sorprendimos con su faceta más humana.
No hace
mucho tiempo una empresa entró en el
procedimiento judicial conocido como Concurso de Acreedores. Para el relato, el Administrador concursal, nuestro
villano particular, emprende el proceso de liquidación como el robot de una
cadena de montaje y somete a subasta todo el inmovilizado de la empresa en
cuestión.
Por su parte, 11 trabajadores
contaban con los dedos de las manos sus últimos días de trabajo y a falta de
otra alternativa, conscientes de su experiencia, decidieron ponerse en contacto
con la Xunta para formar una cooperativa, ya que “nos suena que cuando una
empresa se disuelve, los trabajadores suelen formar cooperativas”. Primer
batacazo. Es agosto y la Xunta está bajo mínimos, pero los ponen en contacto
con una asesoría de las Rías Baixas. Sobrepasados de trabajo y faltos de
personal, los remiten a Xedega (“ahí siempre trabajan”) y empieza la odisea.
Lo primero, estar decididos. Siete
de los 11 ex trabajadores pidieron una capitalización del paro para hacer una
oferta por todo el patrimonio de la empresa y así continuar con su labor. Pero
el Administrador lo tenía muy claro. Vender al mejor postor. Recuperar todo
cuanto pudiera al mayor precio posible y la oferta de los trabajadores (la
cuarta parte del precio de partida) no hacía siquiera frente a una oferta
extranjera por cuatro máquinas. Como representante de la justicia, el abogado
tenía todas las papeletas para solucionar el problema como más le beneficiara.
Pero, como decimos, la
determinación es fundamental y uno de nuestros asesores acompañó a los siete
trabajadores para afrontar un imposible: hablar directamente con el juez
encargado del caso, adentrarse en su
terreno y convencerlo de que, según el espíritu de la Ley Concursal, habrá que beneficiar
siempre toda puja que favorezca la continuidad de la actividad de la
compañía implicada (como se comprometía la oferta de la
nueva Cooperativa). Sorprendentemente, el juez accedió a establecer el
contacto sin cita previa y no sólo eso, sino que también convino en el espíritu
de la ley. Pero… habiendo depositado sus poderes en el Administrador, le haría
falta la certeza absoluta sobre la viabilidad del proyecto que le presentábamos
para poder contradecir a nuestro villano particular. Así que de vuelta a Vigo,
de paso por Santiago, nuestro asesor y sus siete jinetes pararon en un
Departamento de la Xunta de cuyo nombre no debemos acordarnos. La negativa fue
rotunda y nadie estaba dispuesto a asumir el riesgo de avalar ante el juez la
viabilidad del proyecto de siete personas que no tenían más experiencia laboral
que la de la actividad con la que pretendían continuar.
Abatidos e impotentes ante el
poderío del Administrador concursal, sin influencia sobre el juez y con el
rechazo de la Xunta todavía en carne viva, llegar a Vigo fue como encontrarse
con una lancha en medio de un naufragio. En el correo electrónico, un alto
cargo del mencionado Departamento de la Xunta se ofrecía a avalar ante el juez
lo factible del Proyecto. Al juez no le hizo falta nada más que su palabra para
unirse a la causa y el Administrador, desde la altura de su despacho
acristalado de usurero, poco pudo hacer para contradecir la palabra de la
justicia.
La oferta de los trabajadores se
ejecutó y en estos momentos, la Cooperativa ha logrado recuperar ya una cuarta parte de la inversión y empezar a
generar beneficios. Ahora, meses después
de su creación, tomó la primera ducha de agua fría de la que hablábamos en nuestro artículo anterior y
contempla dar un nuevo paso para internacionalizarse.
Sintiéndolo mucho por la creencia
popular, así desmontamos uno de las grandes ficciones de nuestro tiempo sobre
la pasividad generalizada de la burocracia hacia los ciudadanos. De no haber
sido por el compromiso, la implicación y la comprensión del juez y el
funcionario de la Xunta, estos siete trabajadores no estarían cobrando más que
la prestación del paro, en vez de haber dado continuidad a lo que siempre
supieron hacer. Claro que ciertas reticencias seguirá habiendo desde la
administración hacia este tipo de osadías cuando tanto el juez como el
funcionario en cuestión creen que su nombre está mejor en el anonimato.
Brais Suárez y Juan Gómez